CIDH
Venezuela
2016
El 29 de abril de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por Tamara Mariana Adrián Hernández (en adelante, “la peticionaria” o “la presunta víctima”) en representación propia, contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, “Venezuela” o “el Estado”) por la alegada inexistencia en el ordenamiento jurídico venezolano de un recurso idóneo y efectivo que permita la adecuación de la documentación registral a la identidad de género de la persona.
La peticionaria sostiene que el Estado ha violado sus derechos humanos al haberle negado la posibilidad de adecuar la documentación registral a su identidad de género. En particular, indica que ha habido un retardo injustificado de más de diez años en la resolución de un recurso de tutela interpuesto para solicitar la modificación de todos los registros públicos y privados para que estén acorde a la identidad de género con la que ella se reconoce. Afirma que en consecuencia ha sido sujeta a la restricción de una serie de otros derechos fundamentales. Por su parte, el Estado señala que la petición es inadmisible pues los recursos internos no fueron agotados y porque no hubo violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “Convención Americana” o “Convención”).
