Toda persona está en su derecho de registrar los abusos de autoridad que puedan realizar las autoridades. En este caso, no se debe dejar de grabar, ni permitir que se extraiga el celular. Luego de ocurrida la situación, se presenta una denuncia ante la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú como en el mismo Ministerio del Interior.
Además se puede plantear la queja ante la Defensoría del Pueblo.